En Portugal, el límite general para los pagos en efectivo es de 3.000 €. Sin embargo, este umbral se reduce significativamente a 1.000 € cuando una empresa o un contribuyente con contabilidad organizada participa en una transacción.
Esta legislación, el artículo 63.º-E de la Ley General Tributaria, tiene como objetivo aumentar la transparencia de las transacciones, prevenir la división artificial de pagos y limitar el uso de efectivo en operaciones de mayor envergadura.
El incumplimiento de estas normas puede acarrear complicaciones, ya que la ley se centra en la sustancia de la transacción en lugar de en las maniobras administrativas para eludir los límites, garantizando la trazabilidad financiera.
