El ADN Madeira ha solicitado aclaraciones al Tribunal de Cuentas sobre sus reservas respecto a un protocolo de cooperación entre el Gobierno Regional y la Policía de Seguridad Pública (PSP). Este acuerdo destina el 30% de los ingresos de las multas de tráfico a inversiones para la fuerza policial en la Región.
La coordinadora regional del partido, Maíza Fernandes, cuestionó la oportunidad y el alcance de la fiscalización, considerando necesario aclarar las reservas jurídicas pendientes y la ausencia de una recomendación específica para la regularización del protocolo. El Tribunal de Cuentas señaló que la resolución que autorizó el protocolo de 2019 no identificó su marco jurídico ni los criterios para la asignación del 30% de los ingresos de las multas.
El ADN Madeira destaca que los Presupuestos Regionales para 2025 y 2026 prevén expresamente la posibilidad de destinar el 30% de los ingresos de las multas de tráfico a la financiación de la PSP. Para el partido, estas disposiciones suponen una modificación legislativa relevante, aunque no regularizan automáticamente deficiencias anteriores. Defienden que la autonomía de Madeira es un derecho constitucional y que las reservas sobre la financiación no deben confundirse con una prohibición general de contribuir a la seguridad pública, siempre que se respeten las normas de legalidad financiera.
