El Bloque de Izquierda (BE) ha exigido que el Gobierno Regional de Madeira aclare cuántas de las nuevas camas para personas mayores, financiadas con fondos públicos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), serán efectivamente plazas sociales.
El BE señala que, aunque el PRR prevé 582 plazas (de las cuales 329 son nuevas), la nueva capacidad no garantiza automáticamente plazas sociales. El partido cuestiona la transparencia del gobierno, citando ejemplos como el Complejo Social de Santa Clara y el Hogar del Til, donde las camas financiadas públicamente parecen tener explotación privada o prioridad para asociados, con elevadas cuotas mensuales.
El partido pide cuentas claras sobre la financiación pública de instalaciones que pueden ser explotadas en régimen privado y qué contrapartida social se exige a las instituciones beneficiarias. El BE quiere saber cuántas personas permanecen en lista de espera por una plaza social tras la finalización del PRR.
