El partido Chega Madeira ha planteado la cuestión del acceso de inmigrantes a viviendas gestionadas por Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), alegando la presencia de "viviendas ocupadas por inmigrantes, en su mayoría del subcontinente indio" en zonas como Santo Amaro y Santa Quitéria, en Funchal.
Según el líder parlamentario Hugo Nunes, la vivienda social "debe servir a quienes viven aquí, trabajan y respetan la ley". La legislación nacional, en particular la Ley n.º 81/2014, establece que los ciudadanos nacionales y los extranjeros con permisos de residencia válidos pueden acceder a viviendas subvencionadas, siempre que cumplan los demás requisitos legales.
La nacionalidad no es un criterio de prioridad en la legislación, que prioriza factores como ingresos, edad, discapacidad, dependientes, situación de vivienda y tiempo de residencia. Los programas de vivienda social y de alquiler reducido de la IHM tampoco dan prioridad a la nacionalidad.
Chega Madeira también sugirió posibles problemas como "apropiación indebida de bienes públicos", "subarriendo ilegal" o asignación indebida de unidades. Sin embargo, el acceso a la vivienda y la ocupación de una unidad son cuestiones distintas, y la normativa de la IHM prohíbe expresamente el subarriendo y exige que las viviendas sean ocupadas únicamente por el hogar autorizado.
