Los incendios forestales han vuelto a poner a España en estado de alerta, en un verano marcado por temperaturas extremas, viento y sequía prolongada. Estos factores han alimentado una sucesión de fuegos de gran envergadura, especialmente en las regiones interiores y del noroeste, donde la vegetación seca y la orografía dificultan la lucha contra las llamas.
Protección Civil española informó de 15 incendios activos de relevancia, la mayoría necesitando apoyo estatal. Castilla y León, Asturias y Galicia fueron las regiones más afectadas. El incendio de Larouco, en Galicia, se señala como el mayor de la historia de la región, consumiendo más de 30.000 hectáreas, mientras que el de Jarilla, en Extremadura, quemó unas 16.800 hectáreas.
En julio de 2026, la situación seguía siendo preocupante con seis grandes incendios activos en varias provincias. La ola de calor elevó el riesgo a extremo, complicando los trabajos de extinción y aumentando la probabilidad de nuevos focos. Cientos de personas fueron evacuadas preventivamente y decenas de miles desplazadas a lo largo de la campaña, con investigaciones que apuntan a causas criminales en algunos casos.
La respuesta española ha dependido de una fuerte coordinación entre bomberos, protección civil, fuerzas armadas y ayuda europea, incluyendo la activación del mecanismo europeo de protección civil. A mediados de julio, unas 120.000 hectáreas se habían quemado, una cifra en acentuado aumento debido a episodios de calor intenso.
