La detección de un nuevo foco de incendio en la zona de Pomar da Rocha, en Ribeira Brava, generó reacciones en las redes sociales, con un internauta preguntando si "el crimen compensa". El Código Penal portugués prevé penas de prisión de uno a ocho años para quienes provoquen incendios forestales.
Las penas pueden agravarse a entre tres y doce años si existe peligro para personas y bienes, o intención de obtener un beneficio económico, pudiendo alcanzar los 15 años en caso de muerte. El incendio forestal es un delito público, lo que significa que la Fiscalía puede iniciar una investigación basándose en una sospecha, sin necesidad de una denuncia.
Las autoridades pueden detener a los sospechosos en flagrante delito o por orden judicial. Tras la detención, el individuo es presentado ante un juez para la aplicación de medidas coercitivas, incluida la prisión preventiva. Las condenas suelen resultar en pena de prisión efectiva, a menos que la pena sea inferior a cinco años y el tribunal considere suficiente una pena suspendida.
