El Tribunal Constitucional (TC) ha validado un decreto-ley que establece las normas para la concesión de asilo y para el retorno de ciudadanos extranjeros.
La decisión del TC significa que el diploma legislativo puede proceder, definiendo los procedimientos y criterios aplicables.
Este decreto-ley es crucial para la gestión de las políticas de inmigración y protección internacional del país.
