La disputa entre los usuarios y la concesionaria de la Marina de Porto Santo parece estar lejos de terminar.
Los usuarios ahora contemplan llevar la fiscalización de la concesión, incluido el cumplimiento del pliego de condiciones, al Ministerio Fiscal. Una publicación anterior en Funchal Notícias sobre la alerta de un navegante español parece haber tenido algún efecto, ya que el suministro de agua y luz ya no se cortará a quienes tengan barcos en el astillero.
El pliego de condiciones estipula que la explotación de la marina debe ser un servicio público, con acceso a las instalaciones y servicios solo denegado a quienes violen las disposiciones legales. El acceso a las áreas terrestres de la marina debe ser libre al público, excepto en los términos previstos en el reglamento de uso.
La Cláusula 38 del Reglamento de Uso obliga a la concesionaria a presentar una propuesta de reglamento en un plazo de 90 días, sujeta a aprobación y consulta pública. Queda por ver si estos plazos se cumplieron, ya que de lo contrario, prevalecería el reglamento anterior a la concesión.
